La Fiscal General James Defiende el Estatus de Protección Temporal de Los Inmigrantes Haitianos y Venezolanos

NUEVA YORK - La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, lideró hoy una coalición de otros 15 fiscales generales para tomar medidas para defender el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) para cientos de miles de inmigrantes haitianos y venezolanos, incluidos muchos que han vivido, trabajado y criado a sus familias en los Estados Unidos durante años. En un escrito de amicus curiae presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, la fiscal general James y la coalición instan a la corte a defender la decisión de un tribunal inferior que encontró ilegal la terminación del programa TPS por parte de la administración.

“Los haitianos y venezolanos con Estatus de Protección Temporal contribuyen enormemente a nuestras comunidades al iniciar negocios, formar familias y asistir a nuestras escuelas”, declaró la Fiscal General James. “El cruel intento de esta administración de poner fin de forma repentina e ilegal a su estatus legal pondrá en peligro la vida de cientos de miles de inmigrantes que huyeron de la violencia y la opresión para construir una vida mejor en este país. Seguiré luchando para proteger los derechos de nuestras comunidades inmigrantes”.

A pesar de las persistentes crisis humanitarias en Haití y Venezuela, y de las advertencias del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la seguridad de ambos países, el gobierno de Trump intentó revocar el estatus de TPS para los inmigrantes haitianos y venezolanos poco después de que el gobierno de Biden las extendiera. Si se permitiera que entrará en vigor, esta terminación repentina del estatus legal causaría caos y confusión a cientos de miles de personas en todo el país, muchas de las cuales huyeron de la violencia, la opresión y la pobreza para construir una vida en Estados Unidos. Sin el TPS, los inmigrantes haitianos y venezolanos perderían su autorización de trabajo y podrían ser deportados, poniendo en peligro su vida y la de sus familias.

La fiscal general James y la coalición argumentan que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California dictaminó correctamente que la acción del gobierno fue arbitraria, caprichosa e ilegal. La revocación del estatus TPS causaría enormes trastornos económicos, de salud pública y de seguridad pública en comunidades de todo el país.

En su informe, la Fiscal General James y la coalición afirman que cientos de miles de ciudadanos estadounidenses que viven con un beneficiario del TPS de origen haitiano o venezolano estarían en riesgo. En 2022, aproximadamente 54,000 niños y 80,000 adultos estadounidenses vivían con un beneficiario venezolano del TPS, y cerca de 87,000 niños y 116,000 adultos estadounidenses vivían con un beneficiario haitiano del TPS. Si el gobierno logra revocar el TPS, los padres se enfrentarían a una decisión imposible: regresar a su país de origen y dejar atrás a sus familias, llevarse a sus hijos estadounidenses a un país peligroso que desconocen, o permanecer en Estados Unidos sin estatus legal y arriesgarse a vivir con miedo, incertidumbre y la posibilidad de ser deportados en cualquier momento.

La Fiscal General James y la coalición también destacan las importantes contribuciones económicas de los beneficiarios del TPS de Haití y Venezuela. A nivel nacional, los beneficiarios venezolanos del TPS aportan más de 11 mil millones de dólares a la economía cada año. Los beneficiarios haitianos del TPS aportan 4.4 mil millones de dólares anuales. Tan solo en Nueva York, los hogares con TPS obtuvieron ingresos por 2.3 mil millones de dólares, pagaron 348.9 millones de dólares en impuestos federales, 305.5 millones de dólares en impuestos estatales y locales, y contribuyeron con 1.6 mil millones de dólares en poder adquisitivo en 2023.

Revocar el TPS para estas comunidades dejaría a muchos sin autorización de trabajo, poniendo en peligro su capacidad para mantener a sus familias. Además, la atención médica patrocinada por el empleador de la que dependen ellos y sus familias también estaría en riesgo, lo que representaría una grave amenaza para la salud pública.

La Fiscal General James es una figura clave en la defensa de los derechos de los beneficiarios del TPS. En septiembre, colideró una coalición de otros 18 fiscales generales que presentaron un escrito de amicus curiae en defensa del TPS para los inmigrantes haitianos. En julio, colideró una coalición de otros 14 fiscales generales que presentaron un escrito de amicus curiae en defensa del TPS para los inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. En junio, colideró una coalición de otros 17 fiscales generales que defendieron el TPS para los inmigrantes venezolanos. En abril, colideró una coalición de otros 18 fiscales generales que presentaron un escrito de amicus curiae en defensa del TPS para los inmigrantes haitianos.

Junto con la Fiscal General James, en la presentación del escrito, se encuentran los fiscales generales de California, Colorado, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.